El caso Almería es un caso de terrorismo
de Estado del que apenas se conoce la verdad tras él. Luis Cobo Mier (29 años),
Luis Montero García (33 años) y Juan Mañas Morales (24 años) fueron detenidos
la noche del 9 de mayo de 1981 en la localidad de Roquetas de Mar a la salida
de una tienda de recuerdos. No se vuelve a saber nada de ellos hasta la
madrugada siguiente, cuando aparecen muertos dentro del Ford Fiesta calcinado
en una cuneta a la altura del kilómetro ocho de la carretera C-326 de Gérgal.
Estos 3 jóvenes residentes en
Santander se habían desplazado a Almería para asistir el 10 de mayo a la comunión
del hermano de Juan Mañas Morales, natural de Pechina, una localidad
almeriense. El objetivo de su viaje se vio inesperadamente interrumpido con una
inesperada detención.
Se les detuvo acusándoles de
pertenecer a la banda terrorista ETA que el día anterior había llevado a cabo
un atentado en Madrid y del que faltaba por localizar a uno de los terroristas
involucrados.
La Guardia Civil les confundió
con un comando de ETA, y doce agentes, al mando del teniente coronel Carlos
Castillo Quero, les torturaron salvajemente durante toda una noche hasta
matarlos.
El 14 de junio de 1982, trece
meses después de los hechos, la Audiencia Provincial de Almería abre el juicio
contra tres de los once guardias civiles que participaron en la operación. El
proceso se prolonga hasta el 27 de julio.
Todos los implicados en el caso habían pactado una versión
de los hechos con la que pretendían salir ilesos del juicio: habían preparado
una caravana de 4 vehículos entre los que se encontraban el de los detenidos
conducido por un Guardia Civil al que acompañaba otro de copiloto y los 3
detenidos iban detrás. Manifestaron que el vehículo realizó un giro brusco que los
ocupantes del resto de vehículos interpretaron como un intento de fuga viéndose
obligados a disparar para tratar de evitarlo, pero finalmente este ardió por el
combustible que había en el tanque.
Tras este hecho el ministro Rosón concluyó que todo había
sido un “trágico error” mientras que la oposición lo calificó de encubrimiento
de un crimen perpetrado por miembros de la Guardia Civil.
Al finalizar el juicio solamente fueron procesados tres de
los once guardias: el teniente coronel Castillo Quero, que en el momento de los
hechos estaba al frente de la Comandancia de Almería y era el mando de la
operación, el teniente Gómez Torres y el guardia Fernández Llamas. Todos ellos
salieron de prisión mucho antes de lo que marcaba su condenada por supuesto
buen comportamiento. El resto de los guardias, además de participar en la
acción, cometieron el delito de ocultación de pruebas.
El abogado de la acusación particular, Darío Fernández, en
todo momento intentó que fueran condenados por asesinato, en contra de la
opinión del fiscal, que calificaba los hechos de homicidio. Además, se le denegaron
pruebas y fue intentado intimidar por la Benemérita en numerosas ocasiones.
Tras numerosas contradicciones durante el tiempo que
se investigó el caso, a día de hoy sigue sin conocerse lo que ocurrió realmente.
Las familias de las víctimas y su abogado reclaman que se aclaren las circunstancias
reales de la muerte de sus familiares y que la ley recaiga sobre los culpables.
Siguen solicitando dignidad para los jóvenes asesinados y que se les considere
víctimas del terrorismo. En ningún momento ha sido aceptada esta cuestión,
alegando que solamente pueden ser consideradas así las víctimas de ETA. Hoy en
día son consideradas de ese modo también las víctimas de otros grupos
terroristas y se reclama que el "concepto" se amplíe a las víctimas
del terrorismo de Estado
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